Área de práctica
Asesoramiento y defensa frente a actuaciones de las administraciones públicas, tanto en la vía administrativa como ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El bufete tramita procedimientos en la vía administrativa previa ante la administración pública competente y en las distintas materias que afectan a los intereses del cliente.
La actuación puede comprender la presentación de solicitudes, alegaciones y documentación, la respuesta a requerimientos, la formulación de recursos administrativos y el seguimiento del expediente hasta su resolución.
Una vez agotada la vía administrativa, cuando resulte preceptivo, el despacho asume la defensa letrada del cliente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con representación de procurador cuando legalmente corresponda.
El juzgado o tribunal examinará si la actuación administrativa impugnada se ajusta a Derecho y si las pretensiones formuladas por el cliente se encuentran debidamente fundamentadas.
La gestión adecuada de la fase administrativa puede resultar determinante para la posterior reclamación judicial. Las alegaciones realizadas, la documentación aportada, los plazos y el contenido de los recursos condicionan el debate que podrá plantearse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por ello, conviene estudiar el expediente desde sus primeras actuaciones y no únicamente cuando la Administración ya ha dictado una resolución desfavorable.
Cuando la ley lo permite y las circunstancias del asunto lo justifican, el despacho solicita la suspensión del acto administrativo objeto de impugnación o la adopción de otras medidas cautelares.
Estas solicitudes requieren valorar, entre otros factores, los perjuicios que produciría la ejecución inmediata del acto y los intereses públicos y privados afectados.
Bajo dirección letrada y con la representación procesal que corresponda, el bufete prepara e interpone los recursos previstos en la jurisdicción contencioso-administrativa frente a resoluciones judiciales susceptibles de impugnación.
La procedencia de cada recurso depende del tipo de resolución, la materia, la cuantía y los motivos jurídicos que puedan invocarse.
Cuando existen motivos jurídicos suficientes y se cumplen los requisitos legales, el despacho estudia la posible interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
El recurso de amparo tiene carácter extraordinario y subsidiario. Su viabilidad exige haber agotado previamente las vías de impugnación procedentes y justificar la especial trascendencia constitucional del asunto.
Los plazos, las alegaciones y la documentación incorporada durante la vía administrativa pueden condicionar la posterior revisión judicial. Una intervención temprana permite preparar el asunto con mayor precisión.
Indíquenos qué administración ha intervenido, la resolución recibida y los plazos disponibles para realizar una primera valoración.
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