Derecho Penal

El alzamiento de bienes consiste, en términos generales, en ocultar, transmitir o sustraer bienes del patrimonio del deudor con el propósito de impedir o dificultar que los acreedores puedan cobrar sus créditos.

La ocultación puede ser física —por ejemplo, respecto de determinados bienes muebles— o jurídica, mediante transmisiones, compraventas, donaciones u otras operaciones a favor de terceros que no respondan a una realidad económica efectiva.

Cuando existen indicios suficientes de que el deudor ha realizado estas actuaciones para eludir el pago, el bufete estudia la viabilidad de interponer la correspondiente querella. La admisión y posterior investigación corresponden al juzgado competente, con intervención del Ministerio Fiscal cuando proceda.

Además de la eventual responsabilidad penal, puede ejercitarse la acción civil dirigida al resarcimiento del perjuicio causado.

La estafa requiere un engaño previo y suficiente que provoque error en otra persona y la lleve a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno.

Puede existir, por ejemplo, cuando una persona o empresa adquiere bienes o contrata servicios con una intención inicial de no pagarlos, siempre que concurran los requisitos exigidos por la legislación penal y puedan acreditarse mediante pruebas.

Cada situación debe diferenciarse de un simple incumplimiento contractual o impago de naturaleza civil o mercantil.